Administraciones, mutuas y empresas recurren a la investigación privada ante posibles fraudes en las bajas laborales. La herramienta es legal, aporta pruebas y demuestra resultados: el siguiente paso no es sospechar de todos, sino dejar de subestimar a quienes pueden investigar.
Por DETCAMP, foro de Comunicación de la Investigación Privada de España
El debate sobre las bajas laborales ha vuelto a ocupar la primera línea política. Alberto Núñez Feijóo alertó, citando los informes trimestrales de Randstad Research elaborados a partir de la Encuesta de Población Activa (EPA), de que en torno a 1,2 millones de personas no acuden diariamente a su puesto de trabajo por baja médica, dentro de un absentismo total de 1,6 millones de personas, y cifró en más de 30 000 millones de euros el coste anual. La respuesta no se hizo esperar: el Gobierno y los sindicatos le acusaron de sembrar sospecha sobre las personas trabajadoras enfermas, mientras la patronal insiste en reclamar más protagonismo para las mutuas.
Conviene empezar por lo más importante: ese 1,2 millón no es una cifra de fraude. Es el número estimado de personas con una baja médica legítimamente reconocida por un profesional sanitario. Ningún organismo oficial —ni la AIReF, ni la Seguridad Social, ni el propio Randstad— cuantifica qué parte de esa cifra podría ser fraudulenta. Esa ausencia de dato no es un detalle menor: es, precisamente, el vacío que justifica investigar caso por caso en lugar de generalizar la sospecha sobre 1,2 millones de personas.
Entre negar el fraude y combatirlo con medidas generales que terminen perjudicando a quien verdaderamente está enfermo, existe una tercera vía, más justa y más eficaz: investigar los hechos y aportar pruebas.
Un problema que crece, año a año, con datos oficiales
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) situó el gasto en incapacidad temporal en 16.500 millones de euros en 2024 y advirtió de una «deficiencia estructural» en su gestión, con una incidencia de bajas que había crecido un 60% entre 2017 y 2024. La tendencia no se ha detenido: el gasto alcanzó los 18.400 millones de euros en 2025, y la Seguridad Social ha destinado ya 7.849 millones de euros hasta mayo de 2026, un 9,6% más que en el mismo periodo del año anterior. De mantenerse el ritmo, 2026 podría cerrar cerca de los 20.000 millones.
“Una prolongación innecesaria tampoco significa necesariamente fraude”
Las listas de espera, el envejecimiento de la población activa, los problemas de salud mental y las enfermedades musculoesqueléticas explican buena parte de esas prolongaciones. En muchos casos, una baja se alarga porque la persona lleva meses esperando una prueba diagnóstica o un tratamiento que el propio sistema sanitario no le ha dado a tiempo.
Fig. 1 — El gasto no ha dejado de crecer en tres años consecutivos; el dato de 2026 es parcial (5 meses). Fuente: AIReF, Seguridad Social.
Una realidad heterogénea que exige respuestas heterogéneas
Los propios datos de la AIReF desmontan cualquier solución homogénea. Las personas trabajadoras de entre 25 y 35 años presentan más bajas que las de 55 a 65 años (41,1 procesos por cada 1.000 afiliados frente a 29,7), pero la duración media se invierte con la edad: 46 días entre los más jóvenes frente a 79 entre los de mayor edad. Y el 25% de las personas concentra el 55% de las bajas: la reiteración, no la generalidad, es donde está el fenómeno.
“Si los propios datos demuestran que el problema no es homogéneo, ¿qué sentido tiene responder con medidas homogéneas?”
Fig. 2 — Quien más se da de baja no es quien más tiempo está de baja: la relación se invierte según edad y régimen. Fuente: AIReF.
Lo que aporta la investigación privada
Ahí es donde entra la investigación privada, una profesión legalmente habilitada por el Ministerio del Interior y regulada por la Ley 5/2014, de Seguridad Privada.
Los detectives privados no conceden ni retiran bajas médicas, no emiten diagnósticos, no sancionan ni despiden. Investigan hechos y aportan pruebas.
Investigar tampoco equivale a presumir el fraude ni a convertir a la persona trabajadora en culpable. La función del detective no es confirmar las sospechas de quien contrata sus servicios, sino esclarecer los hechos dentro de los límites que marca la ley. Una investigación puede acreditar una conducta incompatible con la incapacidad temporal, o puede concluir, con la misma legitimidad, que no existe fraude alguno.
La Sentencia 551/2023 del Tribunal Supremo se inscribe en una consolidada línea jurisprudencial que reconoce la validez del recurso a detectives privados en el ámbito laboral, siempre que la actuación respete los principios de razonabilidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad. Y una sentencia mucho más reciente, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (9 de diciembre de 2025), confirmó que una empresa pública puede legítimamente licitar servicios de detectives para investigar absentismo, siempre que la medida se dirija a sospechas concretas sobre trabajadores determinados y no a un control masivo sobre toda la plantilla.
Rentables, sí. A cualquier precio, no
Desde DETCAMP defendemos un sector que necesita ser viable económicamente para sobrevivir, pero eso no significa aceptar cualquier encargo ni cualquier método. La deontología de la profesión obliga a rechazar cualquier investigación que implique actividades ilegales o que invada la intimidad más allá de lo estrictamente necesario para esclarecer los hechos. Un detective que vigila una baja médica no puede grabar el interior de un domicilio, ni seguir a alguien de forma indiscriminada sin una sospecha fundada y proporcionada. La rentabilidad del sector no puede construirse sobre atajos que vulneren derechos fundamentales, porque eso no solo perjudicaría a la persona investigada: invalidaría la prueba y dejaría sin argumentos a quien contrató el servicio.
“Frente a las medidas generales, la investigación privada permite aplicar un bisturí donde otros proponen utilizar una brocha gorda.”
Quiénes somos: autónomos investigando a un sistema que también nos afecta a nosotros
Hay un dato que rara vez se cuenta y que conviene poner sobre la mesa: la inmensa mayoría de los detectives privados en España ejercen como autónomos. La estructura del sector se basa en el autoempleo, porque las contrataciones por cuenta ajena son las menos, y suele ser en la figura del detective dependiente; para dedicarse a esta profesión, es obligatorio darse de alta como trabajador autónomo o constituir tu propio despacho, el censo del Ministerio del Interior hay 1.238 despachos de detectives habilitados en España, y quienes ejercen la profesión lo hacen, en su gran mayoría, sin nómina ni jefe, exactamente igual que cualquier otro autónomo del país.
Y aquí está la paradoja que da sentido a todo lo anterior: los propios datos de la AIReF muestran que los autónomos son, precisamente, el colectivo que menos bajas se coge. Los trabajadores por cuenta propia registran muchos menos procesos de incapacidad temporal que los asalariados (10,3 por cada 1.000 afiliados, frente a 38,3), aunque cuando se dan de baja permanecen en ella más tiempo de media (112 días frente a 42): se resisten a parar, y solo lo hacen cuando ya no les queda otra opción, porque saben que una baja, para un autónomo, cuesta mucho más que para un asalariado con convenio y complementos salariales.
No investigamos las bajas laborales desde una posición de privilegio ni de sospecha generalizada hacia quien trabaja por cuenta ajena. Lo hacemos, en buena parte, desde la misma vulnerabilidad económica que conoce cualquier autónomo: la de saber que cada día sin actividad se paga directamente del propio bolsillo. Esa experiencia compartida es la que nos permite entender, mejor que nadie, la diferencia entre quien realmente no puede trabajar y quien defrauda al sistema del que todos, enfermos y sanos, dependemos.
Una herramienta que ya se usa, y que rinde
Los contratos de detectives privados tienen un código único en la contratación pública europea (CPV 79721000, «Servicios de agencia de detectives»), a través del cual puede rastrearse en la Plataforma de Contratación del Sector Público cuánto invierten cada año la Administración, las empresas públicas y las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social —todas ellas obligadas a publicar sus licitaciones en ese registro—. El seguimiento periodístico de esas licitaciones sitúa el gasto agregado de empresas públicas y Administraciones en torno a 903.000 euros en 2023 y cerca de 1,9 millones de euros en 2025, repartidos en más de 30 contratos; solo entre cuatro mutuas colaboradoras (MAZ, Umivale Activa, Ibermutua y Mutualia) se superaron los 2,1 millones de euros en licitaciones adjudicadas durante 2025.
“Por cada euro destinado a investigación privada se habrían evitado más de diez euros en pagos indebidos, según los datos que manejan las propias mutuas.”
Fig. 3 — La inversión pública en detectives se ha más que duplicado en dos años. Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (CPV 79721000).
Fig. 4 — Cada euro invertido en investigación evita más de diez en prestaciones indebidas. Fuente: Asociación de Mutuas.
La Administración la utiliza. Las empresas públicas la utilizan. Las mutuas la utilizan. Y los tribunales reconocen la validez de las pruebas obtenidas cuando la investigación se desarrolla dentro de los límites legales. ¿Por qué, entonces, seguimos hablando de «espías» y de «caza» de enfermos, cuando es el propio Estado quien contrata estos servicios mediante procedimientos públicos y auditables?
El verdadero reto no es controlar indiscriminadamente más bajas, sino distinguir mejor entre quien necesita protección, quien permanece de baja por las ineficiencias del propio sistema sanitario y quien deliberadamente defrauda. Cuando existan elementos que justifiquen esclarecer una posible conducta fraudulenta, corresponde a empresas, mutuas o entidades gestoras utilizar los mecanismos legales disponibles para comprobar los hechos, en lugar de extender controles y sospechas sobre el conjunto de las personas trabajadoras.
“Investigar el fraude también es proteger a quien verdaderamente está enfermo.”
Cada fraude que permanece oculto perjudica al sistema y a quien de verdad está enfermo, porque alimenta una sospecha generalizada que termina recayendo sobre todos. Pero cada respuesta indiscriminada puede perjudicar a una persona que necesita, legítimamente, tiempo para recuperarse.
Desde DETCAMP defendemos que España no debería tener que elegir entre ambas injusticias. España cuenta con profesionales habilitados para investigar, con una ley que regula su actividad y con una jurisprudencia que fija sus garantías y sus límites. Reconozcámoslo, normalicémoslo, y estudiemos cómo ampliar esta colaboración para proteger mejor los recursos públicos sin que quienes verdaderamente están enfermos paguen las consecuencias de quienes defraudan.
El debate abierto plantea un problema real que merece una respuesta seria. Pero esa respuesta no puede consistir en negar el fraude ni en hacer pagar a todos por quienes defraudan. Entre ambos extremos existe una herramienta legal, eficaz, rentable y garantista: investigar.
DETCAMP es la Red de Comunicación de la Investigación Privada de España.
Sobre DETCAMP
DETCAMP es un foro de Comunicación de la Investigación Privada de España, nacida en 2017 en Alcobendas como el primer encuentro multidisciplinar que reunió públicamente ante medios y profesionales a los colegios y asociaciones del sector, con el objetivo de debatir sobre el presente y el futuro de la investigación privada. Desde entonces, y como foro de referencia, ha reunido a cientos de profesionales del sector, representantes institucionales y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, juristas y miembros de la judicatura.
Como red independiente de comunicación, DETCAMP no representa los intereses particulares de ningún despacho o asociación, sino que trabaja para dar visibilidad rigurosa a una profesión legalmente regulada y frecuentemente malinterpretada por el desconocimiento público. Su labor se centra en tender puentes entre la investigación privada, las instituciones públicas y la sociedad, promoviendo un lenguaje preciso y una colaboración público-privada normalizada que permita aprovechar todo el potencial de esta profesión al servicio del interés general.